El proceso de transformación digital en la Administración Pública se puede entender como una búsqueda por optimizar dos grandes puntos: los servicios públicos y los procesos internos de la propia Administración. No obstante, ambos elementos derivan en un único objetivo final: mejorar el nivel de servicio que la Administración presta al ciudadano.
Si este objetivo ya era evidente antes de la crisis generada por la Covid-19, en estos momentos se ha hecho aún más incuestionable. La pandemia y el confinamiento han dado luz a algunas carencias en la digitalización de las administraciones públicas. Además, nuestra Administración, entre otros motivos por sus dimensiones y su organización descentralizada, es muy asimétrica en la adopción de las nuevas tecnologías. Así, mientras que entidades recaudatorias y organismos reguladores han dado grandes pasos en esta dirección, hay otras partes de esa Administración, como por ejemplo la Justicia, donde la transformación viaja mucho más despacio.
Si la transformación digital ha sido una cuestión de vida o muerte para muchas empresas, no ha sido así para el sector público. La Administración no busca beneficios y no tiene accionistas, afortunadamente para la prestación de determinados servicios públicos… pero al mismo tiempo eso hace que en este apartado haya progresado más despacio.
La digitalización del sector público, más importante que nunca
Estamos en un momento especialmente complicado donde hace falta avanzar sin la rigidez y la lentitud habituales cuando no estamos digitalizados. Tanto para mantener un control presupuestario y abordar algo tan complejo como el ingreso mínimo vital, recientemente aprobado por el Congreso, como para garantizar la ejecución de proyectos o encauzar correctamente las miles de millones de euros procedentes de fondos europeos.
En definitiva, estamos ante una situación en la que el sector público, más que nunca, tiene que responder a las expectativas de los ciudadanos. Esperamos una Administración que interactúe con nosotros de forma ágil, multicanal, proactiva y segura, pero también que sea más eficiente. Según datos de la UE, el coste de un trámite administrativo presencial es de 80 euros y de 5€ si se realiza a través de Internet. La digitalización de la Administración ha permitido un ahorro entre 2012 y 2017 de unos 4.000 millones de euros.
Con estas cifras y objetivos claros, la cuestión central pasa a ser ¿qué pasos tiene que dar la Administración para proceder a una digitalización adecuada?
El primero de ellos sería sin duda identificar, definir y diseñar aquellos procesos que afectan de forma más clara al ciudadano y establecer una hoja de ruta digital a medio-largo plazo que vaya más allá de los periodos políticos. Una tarea en la que los técnicos desempeñan un papel imprescindible.
En segundo lugar, se debe proceder a la valoración del volumen de datos. Ante una realidad en la que la cantidad de datos a manejar y gestionar aumenta exponencialmente, contar con soluciones adecuadas y escalables se hace imprescindible. La gestión de la capacidad de almacenamiento y procesamiento se convierte en un punto crítico que debe marcar el diseño de cualquier planteamiento de transformación digital si no queremos que su vigencia y utilidad sea muy limitada.
La colaboración público – privada es esencial
Por último, en Arsys creemos imprescindible establecer ecosistemas de colaboración público-privada. Apoyarse en los mejores expertos y, si es posible, en expertos locales que conozcan a fondo las necesidades de la Administración, resulta fundamental. Sin olvidar por supuesto la enorme criticidad de la información de la que es depositaria la Administración Pública española y su deber de salvaguardar el valor de esa información garantizando que esos datos no viajan fuera de nuestras fronteras. Esta criticidad ha sido ya bien abordada por gobiernos como el estadounidense, donde las policías federales recurren a la Nube de proveedores locales para procesar la información relativa a la lucha antiterrorista con plataformas de IoT y Big Data. También la implantación de la Nube en los países europeos, especialmente nórdicos y anglosajones, está muy por delante de la que hemos adoptado en nuestra Administración.
La actual situación económica y la demanda de una Administración Pública digital y eficiente por parte de toda la sociedad obligan a que las administraciones se rijan por criterios cada vez más empresariales.
La Nube, informática inteligente
Así pues, la Administración Pública debe seguir el camino de las empresas que han apostado por la digitalización, que están externalizando sus cargas de trabajo, migrando sus aplicaciones on premise a la Nube y apostando por soluciones que aúnan flexibilidad, escalabilidad y una infraestructura 100% dedicada que les permite gestionar y distribuir sus propios recursos. En la práctica, la Nube no es solo un centro de datos, la Nube significa “consumir informática” de una forma mucho más inteligente, flexible, ágil, escalable y transparente en cuanto a los costes.
En pocas palabras adoptando soluciones que ofrezcan un alto rendimiento al mismo tiempo que una infraestructura segura e innovadora. En Arsys lo hemos materializando ahora ofreciendo junto con VMware un servicio de Cloud Privado en pago por uso, 100% alojado en España, flexible, escalable y ejecutado sobre una plataforma que no necesita de grandes inversiones ni de compromisos previos relevantes. En definitiva, una plataforma donde los datos de los españoles puedan estar seguros.
