El 2024 fue un año crítico para la ciberseguridad, que pasó a ser considerada una prioridad estratégica para todas las organizaciones, especialmente las del ámbito público. Y es que, el aumento en más del 190% en los ciberataques dirigidos a las administraciones públicas en España en el último año (según indica el Centro Criptológico Nacional Computer Emergency Response Team [CCN-CERT] en un informe publicado a principios de 2024[1]) con respecto a los mismos meses del año anterior, pone de manifiesto la urgente necesidad de reforzar la seguridad de las redes.
Según el estudio, el 34% de los ciberataques en España son dirigidos a las administraciones públicas, colocándolas así en el podio de los sectores más atacados junto a sanidad e industria. Son precisamente los extensos procesos de burocracia en implantación de medidas de seguridad los causantes de un mayor número de vulnerabilidades, que exponen a las administraciones a estos potenciales ciberataques.
En este contexto, Grupo Aire, uno de los principales actores en el sector tecnológico, establece las redes privadas como una de las soluciones más eficaces para proteger los datos y servicios esenciales del sector público, ofreciendo una alternativa segura y fiable a las redes públicas, inherentemente más vulnerables.
Las redes privadas como sinónimo de fiabilidad
Ante este escenario de vulnerabilidad, las redes privadas integran tecnología de última generación que proporciona una protección integral, incluso contra la creciente sofisticación de las amenazas. Además, estas redes cuentan con potentes firewalls que garantizan la defensa activa de todas las capas del sistema, permitiendo la personalización de políticas de seguridad que reducen la inseguridad y protegen la confidencialidad de datos sensibles. Entre sus capacidades, el uso de un Web Application Firewall (WAF) actúa como barrera de defensa ante ataques como inyecciones SQL o XSS, asegurando el acceso seguro a los agentes internos y externos.
Esta solución también incorpora tecnología diseñada para mitigar ataques de denegación de servicio y asegurar la continuidad operativa incluso en situaciones de alta presión. Este enfoque se complementa con medidas de redundancia y alta disponibilidad, que garantizan que las comunicaciones entre sedes permanezcan activas y operativas incluso ante fallos en la infraestructura principal. De manera complementaria, la baja latencia y la estabilidad del ancho de banda permiten una conectividad fluida y sin congestión, lo cual es esencial para aplicaciones en tiempo real como videoconferencias y sistemas de comunicación VoIP, mejorando la colaboración y eficiencia entre diferentes sedes institucionales.
Cumplir las necesidades de un sector público demandante
La utilización de redes privadas ha demostrado ser un elemento crítico para el sector público, aportando beneficios concretos que van más allá de instalar un antivirus. Esto es particularmente importante cuando se maneja información sensible, como puede ser el caso de datos judiciales en tribunales como el Constitucional.
Por ejemplo, para el Tribunal Constitucional es esencial contar con una infraestructura de seguridad firme, especialmente cuando se gestiona una red distribuida entre varias ubicaciones. En este caso concreto, Grupo Aire fue el encargado de cubrir la necesidad de establecer una infraestructura de red sólida que conectara sus sedes de forma segura y garantizara el acceso a internet protegido e incorporando múltiples capas de seguridad. Una solución completa que se ajustaba a las necesidades de confianza y conectividad, como una conexión punto a punto que suprime la necesidad de transitar por las redes públicas, reduciendo de forma drástica el riesgo de que los datos sean interceptados y garantizando así la continuidad de la actividad.
Además, los organismos que manejan información crítica, como los gubernamentales o financieros, valoran gratamente esta capacidad de control estricto sobre el tráfico de datos, ya que también facilita el cumplimiento de normativas de protección de datos y auditorías. Por otra parte, las medidas de redundancia implementadas aseguran que las comunicaciones continúen incluso en caso de fallos o imprevistos en la infraestructura principal, permitiendo la recuperación de la información. Asimismo, simplifican la gestión de IT, reduciendo la dependencia de múltiples herramientas distribuidas en cada sede.
Ante la tendencia al alza de los ciberataques, las redes privadas se presentan como una garantía en la labor de protección de datos. Con seguridad multicapa y control centralizado, estas redes mitigan riesgos, facilitan el cumplimiento normativo y optimizan la gestión de IT. Casos como el del Tribunal Constitucional demuestran el compromiso que deben tener las grandes empresas tecnológicas con la ciberseguridad del sector público, contribuyendo a crear un entorno digital más seguro.
[1] https://www.ccn-cert.cni.es/es/informes/informes-ccn-cert-publicos/7274-ccn-cert-ia-04-24-ciberamenazas-y-tendencias-edicion-2024/file.html
