¿En qué fase situaría a su organización dentro del proceso de transformación digital?
La transformación digital en la Policía Nacional es un proceso estructural y continuo que ha evolucionado desde la digitalización y automatización de procesos internos hacia un modelo de servicios avanzados, orientados a mejorar tanto la operatividad como la atención al ciudadano.
En los últimos años hemos consolidado una infraestructura tecnológica que permite ofrecer entornos de trabajo seguros, centralizados y gestionados de forma eficiente, reduciendo dependencias físicas y simplificando la provisión de servicios. Todo esto basado en una nube soberana, a la que llamamos cloudPol, y que se ha convertido en los cimientos sobre los que estamos construyendo nuestra innovación.
Esto nos sitúa en una fase de madurez digital en la que la infraestructura ya no es un fin en sí mismo, sino una plataforma habilitadora para la gestión inteligente del dato, la movilidad segura y la integración gobernada de capacidades avanzadas, como la automatización de procesos y la Inteligencia Artificial.
La ciberseguridad se ha convertido en una prioridad para las infraestructuras críticas y los servicios públicos. ¿Cómo están abordando la ciberresiliencia en su organismo?
La ciberresiliencia en la Policía Nacional se articula sobre tres ejes fundamentales: prevención, capacidad de respuesta y cumplimiento normativo.
En una institución como la nuestra, la seguridad debe integrarse desde el origen en cualquier arquitectura tecnológica. El modelo implantado de virtualización y centralización de entornos de trabajo ha permitido reducir la superficie de exposición, reforzar los mecanismos de autenticación y cifrado y mejorar la capacidad de recuperación ante incidentes.
Este modelo responde a los requisitos del Esquema Nacional de Seguridad, al apoyarse en una solución VDI certificada conforme al ENS, y se integra coherentemente con los principios de resiliencia establecidos en marcos europeos como DORA y NIS2. La tecnología desplegada incorpora, además, mecanismos de criptografía post-cuántica, lo que refuerza la protección de la información ante la evolución futura de las amenazas.
La centralización en nuestra nube privada no solo incrementa la disponibilidad de los servicios, sino que aporta estabilidad operativa, homogeneidad en la gestión y mayor capacidad de supervisión, elementos clave en una organización con responsabilidades críticas.
¿Qué iniciativas destacaría como casos de éxito en los que la tecnología haya permitido mejorar procesos internos o la relación con el ciudadano?
Uno de los proyectos más relevantes ha sido la implantación de un modelo integral de virtualización del puesto de trabajo para 80.000 policías, lo que ha supuesto un salto cualitativo en escalabilidad, eficiencia y sostenibilidad.
La iniciativa se ha apoyado en una plataforma de Digital Workplace adaptada al sector público, UDS Government, desarrollada por la compañía europea Virtual Cable y basada en UDS Enterprise, que ha permitido centralizar sistemas y herramientas críticas bajo una gestión unificada.
Entre los principales resultados destacan la provisión homogénea de servicios a toda la organización, la reducción significativa de tiempos de soporte, la optimización del consumo energético y una mayor disponibilidad operativa.
Más allá del impacto interno, este modelo refuerza la capacidad de respuesta al ciudadano y actúa como un entorno de gobernanza tecnológica desde el que se controla el acceso a aplicaciones, datos y herramientas avanzadas, incluidas las basadas en Inteligencia Artificial, garantizando trazabilidad, control y soberanía tecnológica.
La Inteligencia Artificial está generando un profundo debate en el ámbito público. ¿Cómo valora su potencial para mejorar la gestión pública? ¿Qué límites o precauciones considera necesarios?
La Inteligencia Artificial ofrece oportunidades claras para optimizar la gestión pública, especialmente en el análisis de información y la mejora de procesos administrativos. No obstante, su adopción debe realizarse bajo criterios de transparencia, legalidad y supervisión humana.
Contar con infraestructuras centralizadas y entornos gobernados facilita integrar estas capacidades dentro de marcos seguros y auditables. La clave no es solo incorporar tecnología, sino hacerlo preservando la protección de datos, los derechos fundamentales y la autonomía estratégica.
La IA debe ser un instrumento de apoyo a la labor policial, que nos permita mejorar los servicios que damos al ciudadano, pero nunca un sustituto del criterio profesional.
Mirando a los próximos tres a cinco años, ¿cuáles deberían ser las prioridades estratégicas para consolidar una Administración digital, resiliente y centrada en el ciudadano?
Las prioridades deben centrarse en consolidar tres pilares fundamentales: infraestructuras digitales soberanas, escalables y seguras por diseño; ciberresiliencia alineada con los marcos normativos europeos; y una gobernanza tecnológica que permita integrar la innovación sin perder control ni autonomía estratégica.
En cuanto a la inteligencia artificial, el reto de adaptar nuestros procesos a lo que estas tecnologías nos ofrecen va a convertirse en el mayor desafío de todas las administraciones y, sin duda, va a ocupar gran parte de nuestros esfuerzos en los próximos años.
La Administración del futuro debe apoyarse en plataformas que no generen dependencia tecnológica, que permitan evolucionar con flexibilidad y que sitúen la seguridad, la resiliencia y el servicio al ciudadano en el centro de la estrategia digital.
Este enfoque exige una combinación de innovación tecnológica, gobernanza sólida y colaboración interinstitucional, permitiendo a la Administración ofrecer servicios públicos más eficientes, seguros, sostenibles y alineados con las necesidades de la sociedad.
Policía Nacional
Comisario Jefe de Área de Informática
