Antecedentes
Durante la pandemia, todas las Administraciones Públicas han tenido, y siguen teniendo, la imperiosa necesidad de elaborar constantemente normativa con el objeto de poder abordar la problemática surgida a raíz de la COVID-19. Esta incesante actividad hace muy complicado tener un conocimiento claro y veraz de la regulación vigente para cada una de las situaciones generadas, tanto en el ámbito sanitario como en el económico, laboral, social, etc. En estas circunstancias, se ha demostrado tremendamente útil aglutinar y ordenar toda la normativa generada en los distintos ámbitos y sectores mediante el sistema de Códigos Electrónicos para que cualesquiera operadores implicados e interesados puedan tener información clara, concisa y certera de la normativa vigente en cada momento, lo que deviene en seguridad jurídica.
Retos
El objetivo pretendido ha sido poner a disposición de la ciudadanía toda la normativa, permanentemente actualizada, veraz y fiable. Con el método seguido se garantiza la compilación ágil y fácil consulta. Ha sido necesaria una labor de recopilación normativa, ordenación y agrupación en función de los sectores o asuntos de aplicación. Además, en los casos de los códigos de ámbito europeo, ha sido necesaria la traducción de los textos originales de los diferentes diarios oficiales.Estas tareas han debido realizarse en paralelo a la gestión normativa, en plazos breves que permitieran, en la medida de lo posible, prestar el servicio durante la vigencia de la norma, dificultados por todas las restricciones inherentes al estado de alarma generado por la pandemia. Hemos conseguido que la normativa haya estado disponible para su consulta y descarga gratuita, evitando al usuario las ingratas labores de recopilación normativa y verificación de vigencia.
Fases
Fases:1.- Análisis y recopilación de la normativa promulgada al amparo del COVID: El personal de la AEBOE analizaba y recopilaba la normativa que se publicaba por motivo de la pandemia.
2.- Estudio de la normativa publicada para la elaboración de los distintos Códigos COVID: El personal de la AEBOE procedía al estudio minucioso de la normativa publicada.
3.- Selección de materias y colectivos de especial trascendencia afectados por la normativa COVID: Como consecuencia del estudio de la normativa, el personal de la AEBOE estaba en disposición de agrupar por colectivos o materias afectadas de especial importancia.
4.- Elaboración, publicación, difusión de los Códigos COVID: Una vez seleccionadas las materias o colectivos de especial importancia se procedía a la elaboración, publicación y permanente actualización de los códigos.Alrededor de 50 personas, de diversos Departamentos (BB.DD., TI, Gestión editorial) han estado involucrada en el correcto desarrollo del proyecto.
Nuevos Servicios
El acceso de una forma sencilla, completa y actualizada que ofrecen los códigos electrónicos ha supuesto un ahorro cierto de cargas para las empresas, la propia Administración y los ciudadanos en general, además de redundar en la seguridad jurídica. El tiempo empleado/ahorrado en tener que identificar las normas aplicables al caso concreto y verificar que una ley o un texto está vigente y actualizado se estima en 10 minutos de media. Como coste/hora tomaremos el que figura en la Estadística del INE para el sector servicios, del segundo trimestre del 2020, que es 22,73 euros, siendo el coste/10 minutos de 3,80 euros. Los códigos COVID-19 se han descargado 1.472.380 veces desde marzo de 2020, por lo que el ahorro se puede establecer en 5.595.044 €.
Conclusiones
Como conclusión podría decirse que la situación de pandemia ha venido a constatar la necesidad del producto “Código Electrónico”, por las siguientes razones:
- Ofrece, en cada momento, una información actualizada de la normativa vigente.
- La información dispensada es siempre veraz, debido a que emana del diario oficial Boletín Oficial del Estado, lo que se traduce en seguridad jurídica.
- El hecho de ofrecerse de forma libre y gratuita a través de la Biblioteca Jurídica Digital de la Agencia garantiza la igualdad de todos los ciudadanos al acceso al conocimiento jurídico vigente.
- Que esta iniciativa haya partido de un organismo público es un ejemplo claro y evidente de amortización y buen uso de los recursos públicos, sobre todo teniendo en cuenta el contexto de crisis sanitaria en el que se ha desarrollado.
- Además de todos lo expuesto, el producto ha significado un ahorro de costes, tanto para los operadores públicos como para los privados.
